Aranjuez continúa enfrentándose a retrasos y tensiones en el proceso de implementación. Las autoridades y diversos actores sociales mantienen posturas encontradas respecto a la forma y el ritmo de implantación de esta medida, considerada esencial para mejorar la calidad del aire y la salud pública.
Situación Actual
Según la legislación vigente, las ciudades de más de 50.000 habitantes deben disponer de una ZBE para reducir la circulación de vehículos altamente contaminantes. Aranjuez, con una población que supera ese umbral, debió tener en funcionamiento esta medida desde principios de 2023. Sin embargo, a pesar de la aprobación inicial del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y la correspondiente ordenanza, la puesta en marcha de la ZBE ha sufrido reiterados retrasos.
El Defensor del Pueblo ha manifestado la necesidad urgente de poner en marcha esta medida, destacando que los niveles de ozono troposférico han superado los umbrales seguros en varios días del presente año. La demora en la ejecución de la zona no solo afecta la salud de los ciudadanos, sino que también pone en riesgo la continuidad de las ayudas estatales destinadas al transporte público.
Controversias y Desafíos Internos
La discusión interna en el Ayuntamiento de Aranjuez refleja la complejidad del tema. Por un lado, existe el compromiso de cumplir con la normativa europea y mejorar la calidad del aire; por otro, algunos responsables municipales sostienen que las características particulares de la ciudad –como la alta antigüedad del parque automovilístico y la influencia de la A-4 en los niveles de contaminación– requieren un enfoque más gradual. Estas discrepancias han generado debates acalorados y críticas sobre la gestión de la movilidad urbana.
Se espera que en los próximos meses se definan con mayor claridad las medidas de control, los criterios de acceso y el calendario definitivo para su activación. Mientras tanto, la presión de organismos externos y de la ciudadanía exige una respuesta rápida para evitar mayores repercusiones en la salud pública y la pérdida de subvenciones estatales.